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TENDENCIAS

Entre mandatos nacionales y urgencias locales: la planificación provincial a la espera

Una tregua parcial

Luego de un inicio del ciclo lectivo retrasado en siete provincias por paros docentes (Río Negro, La Rioja, San Luis, La Pampa, San Juan, Jujuy y Mendoza), las aguas han alcanzado un estado de relativa calma en casi todo el territorio nacional, en el marco de la paritaria organizada en la mayoría de las provincias. Sólo en cuatro de ellas se concretaron huelgas en demanda de mejoras salariales durante los meses de abril y mayo últimos (Córdoba, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Cabe destacar que, según datos de marzo 2008, estas provincias se encuentran en una posición favorable en el orden provincial con respecto al salario de los docentes (Santa Cruz es la provincia con mayor salario, Tierra del Fuego la segunda, Córdoba la tercera y Neuquén la octava). Por lo tanto, las medidas de fuerza se explican ante todo por factores ligados a las pujas políticas locales, como se analiza en nota aparte para el caso de la provincia de Tierra del Fuego.

La tregua se aprecia sin embargo como momentánea, ya que en unas 10 provincias han renacido los reclamos de aumento en las remuneraciones, a raíz de los cuales los gremios docentes locales se declaran en “estado de alerta”, algunos anunciando incluso que nuevas medidas de fuerza complicarán el reinicio de las clases luego de las vacaciones invernales, de no verse satisfechas sus demandas. El apaciguamiento del conflicto docente ha sido por otra parte ensombrecido por el recrudecimiento de las protestas y medidas de fuerza de los sindicatos representantes del personal no docente en cinco provincias (Catamarca, Córdoba, La Pampa, Misiones y Neuquén). Las peticiones se centran aquí más bien en la designación de nuevos cargos de porteros y auxiliares, lo que no excluye en algunas provincias el pedido de suba en las remuneraciones.

Continuidad y novedades desde el centro

En este contexto de calma relativa, desde el Ministerio de Educación de la Nación se continúan fortaleciendo algunas líneas de acción de la gestión anterior, como las desarrolladas, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) o el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), mientras se sostienen varios de los programas en curso. Pero, paralelamente, el lanzamiento de una nueva serie de acciones marca la renovación de la política educativa nacional. Tres fueron las iniciativas anunciados en los últimos meses: el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FINES), que busca garantizar la escolaridad de los jóvenes y adultos que no la hayan cumplido a término –en cuyo anuncio participó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner-; el Programa Educativo Nacional para el Mejoramiento de la Lectura, cuyo objetivo es priorizar la lectura en todos los niveles del sistema educativo; y la declaración del año 2008 como el “Año de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y Matemáticas”, con el propósito de promover la enseñanza de las ciencias en todas las escuelas del país.

A través de estos programas, pero también más allá de ellos, la flamante gestión del ministro Juan Carlos Tedesco parece estar instalando una nueva impronta que interpela tanto a los Ministerios de Educación provinciales como a las escuelas: la necesidad de trabajar para mejorar la calidad del sistema educativo. Ciertas acciones muestran la relevancia de la cuestión de la calidad para la gestión que encabeza Tedesco, como la creación de las Direcciones de Nivel y las Áreas Curriculares dentro de la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente, o la organización de encuentros regionales de ministros de Educación (ya concretados en el NOA y el NEA), donde el ministro despliega la retórica de la importancia de mejorar los aprendizajes de los alumnos.

Pareciera que, simultáneamente a los esfuerzos exigidos a las provincias para cumplir con la extensión de la obligatoriedad escolar prevista por la Ley de Educación Nacional sancionada bajo la gestión del ministro Daniel Filmus, la gestión actual pretenderá otorgar un lugar prioritario a la mejora de los resultados del sistema educativo. Esta agenda resulta concordante con las fuertes señales de alarma expuestas por indicadores nacionales ligados con la trayectoria de los alumnos en el sistema –aumento de la repitencia, abandono y sobreedad-, y por recientes evaluaciones internacionales, como la de PISA, que pone en evidencia un dramático deterioro en los aprendizajes de los alumnos argentinos durante la primera mitad de la década actual.

Es importante señalar, sin embargo, que el ministerio nacional enfrenta dos grandes obstáculos para ver traducida en mejoras concretas la agenda de la calidad educativa. En primer lugar, la escasez de recursos, dado que un alto porcentaje del presupuesto nacional es absorbido por el salario docente (a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente y del Fondo Compensatorio Salarial). En segundo lugar, la lejanía del ministerio nacional de las aulas, lo cual lo obliga a apelar a instancias de integración federal, entre ellas el Consejo Federal de Educación. Así, las políticas de mejora de la calidad educativa están en definitiva en manos de las provincias.

Frentes de conflictos y urgencias en las provincias

En tanto que las acciones del Ministerio de Educación nacional toman forma, los Ministerios provinciales atienden diversos frentes simultáneos. En varios de ellos, conflictos externos o internos han provocado importantes movimientos de autoridades clave. En La Pampa, Salta y Tierra del Fuego los propios ministros han cambiado –con parte o todo su equipo-, mientras que en Tucumán, Catamarca, Mendoza, ha habido reemplazos significativos en las autoridades de la segunda línea.

Más allá de los problemas internos, que obstaculizan en gran medida la política educativa, otros frentes capturan las energías de los Ministerios. Por empezar, los incontables problemas edilicios de las escuelas, que se hacen sentir con más fuerza con la llegada del invierno. Pero también han ocupado lugar en los medios provinciales los reclamos por el aumento del presupuesto de los comedores escolares o, en otro orden de cosas, los problemas llamados de “violencia escolar”. Por último, la cuestión de la suba de los aranceles de las escuelas de gestión privada en un contexto inflacionario y de incremento salarial no termina de ser resuelta, y exige también definiciones urgentes.

Leyes y convenios, sin planificación educativa

En medio de conflictos y urgencias, algunas provincias comienzan de a poco a debatir las nuevas leyes de educación, para adecuarlas a los marcos legales recientemente sancionados (principalmente, la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Técnico-Profesional). El rastreo de las noticias educativas de los diarios provinciales indica que al menos nueve jurisdicciones se han encaminado en este proceso, con diferentes grados de avance (Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza).

Otra línea de acción ligada con el largo plazo se refiere a la firma de convenios bilaterales entre las provincias y la Nación. Estos convenios, elaborados en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo, plasman una serie de compromisos y metas de inversión y constituyen una importante herramienta de planificación. Se trata, en efecto, de necesarios mapeos que clarifican las acciones nacionales y provinciales, unificando criterios y coordinando la llegada a las escuelas.

Pero ni las leyes ni los convenios alcanzan como definición del proyecto educativo provincial. Hemos señalado en el número anterior de este periódico la oportunidad histórica que representa el año 2008 para la planificación educativa. En efecto, hace por lo menos tres décadas que no se conjugaban condiciones favorables para el planeamiento, como lo son el aumento de la inversión educativa, la sanción de leyes nacionales que fijan metas claras para las provincias, el logro de ciertos consensos básicos entre los diversos actores ligados con la política educativa, y el reciente recambio de autoridades, que trae nuevos aires a los Ministerios. Más aún, las actuales gestiones educativas gozan en estos meses de una tregua relativa por parte de los sindicatos docentes.

Y, sin embargo, el muchas veces incansable esfuerzo que ponen los equipos de los ministerios provinciales pareciera no encontrar espacio para abrir rutas de planeamiento educativo, y queda atravesado por una dinámica de permanente resolución de conflictos individuales. Es difícil pensar cómo, en estas condiciones, las provincias materializarán el objetivo de mejorar la calidad del sistema.


www.cippec.org Estados de la Educación es una publicación del Programa de Educación de CIPPEC
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Por lo tanto, las medidas de fuerza se explican ante todo por factores ligados a las pujas políticas locales, como se analiza en nota aparte para el caso de la provincia de Tierra del Fuego. La tregua se aprecia sin embargo como momentánea, ya que en unas 10 provincias han renacido los reclamos de aumento en las remuneraciones, a raíz de los cuales los gremios docentes locales se declaran en “estado de alerta”, algunos anunciando incluso que nuevas medidas de fuerza complicarán el reinicio de las clases luego de las vacaciones invernales, de no verse satisfechas sus demandas. El apaciguamiento del conflicto docente ha sido por otra parte ensombrecido por el recrudecimiento de las protestas y medidas de fuerza de los sindicatos representantes del personal no docente en cinco provincias (Catamarca, Córdoba, La Pampa, Misiones y Neuquén). Las peticiones se centran aquí más bien en la designación de nuevos cargos de porteros y auxiliares, lo que no excluye en algunas provincias el pedido de suba en las remuneraciones. Continuidad y novedades desde el centro En este contexto de calma relativa, desde el Ministerio de Educación de la Nación se continúan fortaleciendo algunas líneas de acción de la gestión anterior, como las desarrolladas, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) o el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), mientras se sostienen varios de los programas en curso. Pero, paralelamente, el lanzamiento de una nueva serie de acciones marca la renovación de la política educativa nacional. Tres fueron las iniciativas anunciados en los últimos meses: el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FINES), que busca garantizar la escolaridad de los jóvenes y adultos que no la hayan cumplido a término –en cuyo anuncio participó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner-; el Programa Educativo Nacional para el Mejoramiento de la Lectura, cuyo objetivo es priorizar la lectura en todos los niveles del sistema educativo; y la declaración del año 2008 como el “Año de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y Matemáticas”, con el propósito de promover la enseñanza de las ciencias en todas las escuelas del país. A través de estos programas, pero también más allá de ellos, la flamante gestión del ministro Juan Carlos Tedesco parece estar instalando una nueva impronta que interpela tanto a los Ministerios de Educación provinciales como a las escuelas: la necesidad de trabajar para mejorar la calidad del sistema educativo. Ciertas acciones muestran la relevancia de la cuestión de la calidad para la gestión que encabeza Tedesco, como la creación de las Direcciones de Nivel y las Áreas Curriculares dentro de la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente, o la organización de encuentros regionales de ministros de Educación (ya concretados en el NOA y el NEA), donde el ministro despliega la retórica de la importancia de mejorar los aprendizajes de los alumnos. Pareciera que, simultáneamente a los esfuerzos exigidos a las provincias para cumplir con la extensión de la obligatoriedad escolar prevista por la Ley de Educación Nacional sancionada bajo la gestión del ministro Daniel Filmus, la gestión actual pretenderá otorgar un lugar prioritario a la mejora de los resultados del sistema educativo. Esta agenda resulta concordante con las fuertes señales de alarma expuestas por indicadores nacionales ligados con la trayectoria de los alumnos en el sistema –aumento de la repitencia, abandono y sobreedad-, y por recientes evaluaciones internacionales, como la de PISA, que pone en evidencia un dramático deterioro en los aprendizajes de los alumnos argentinos durante la primera mitad de la década actual. Es importante señalar, sin embargo, que el ministerio nacional enfrenta dos grandes obstáculos para ver traducida en mejoras concretas la agenda de la calidad educativa. En primer lugar, la escasez de recursos, dado que un alto porcentaje del presupuesto nacional es absorbido por el salario docente (a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente y del Fondo Compensatorio Salarial). En segundo lugar, la lejanía del ministerio nacional de las aulas, lo cual lo obliga a apelar a instancias de integración federal, entre ellas el Consejo Federal de Educación. Así, las políticas de mejora de la calidad educativa están en definitiva en manos de las provincias. Frentes de conflictos y urgencias en las provincias En tanto que las acciones del Ministerio de Educación nacional toman forma, los Ministerios provinciales atienden diversos frentes simultáneos. En varios de ellos, conflictos externos o internos han provocado importantes movimientos de autoridades clave. En La Pampa, Salta y Tierra del Fuego los propios ministros han cambiado –con parte o todo su equipo-, mientras que en Tucumán, Catamarca, Mendoza, ha habido reemplazos significativos en las autoridades de la segunda línea. Más allá de los problemas internos, que obstaculizan en gran medida la política educativa, otros frentes capturan las energías de los Ministerios. Por empezar, los incontables problemas edilicios de las escuelas, que se hacen sentir con más fuerza con la llegada del invierno. Pero también han ocupado lugar en los medios provinciales los reclamos por el aumento del presupuesto de los comedores escolares o, en otro orden de cosas, los problemas llamados de “violencia escolar”. Por último, la cuestión de la suba de los aranceles de las escuelas de gestión privada en un contexto inflacionario y de incremento salarial no termina de ser resuelta, y exige también definiciones urgentes. Leyes y convenios, sin planificación educativa En medio de conflictos y urgencias, algunas provincias comienzan de a poco a debatir las nuevas leyes de educación, para adecuarlas a los marcos legales recientemente sancionados (principalmente, la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Técnico-Profesional). El rastreo de las noticias educativas de los diarios provinciales indica que al menos nueve jurisdicciones se han encaminado en este proceso, con diferentes grados de avance (Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza). Otra línea de acción ligada con el largo plazo se refiere a la firma de convenios bilaterales entre las provincias y la Nación. Estos convenios, elaborados en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo, plasman una serie de compromisos y metas de inversión y constituyen una importante herramienta de planificación. Se trata, en efecto, de necesarios mapeos que clarifican las acciones nacionales y provinciales, unificando criterios y coordinando la llegada a las escuelas. Pero ni las leyes ni los convenios alcanzan como definición del proyecto educativo provincial. Hemos señalado en el número anterior de este periódico la oportunidad histórica que representa el año 2008 para la planificación educativa. En efecto, hace por lo menos tres décadas que no se conjugaban condiciones favorables para el planeamiento, como lo son el aumento de la inversión educativa, la sanción de leyes nacionales que fijan metas claras para las provincias, el logro de ciertos consensos básicos entre los diversos actores ligados con la política educativa, y el reciente recambio de autoridades, que trae nuevos aires a los Ministerios. Más aún, las actuales gestiones educativas gozan en estos meses de una tregua relativa por parte de los sindicatos docentes. Y, sin embargo, el muchas veces incansable esfuerzo que ponen los equipos de los ministerios provinciales pareciera no encontrar espacio para abrir rutas de planeamiento educativo, y queda atravesado por una dinámica de permanente resolución de conflictos individuales. Es difícil pensar cómo, en estas condiciones, las provincias materializarán el objetivo de mejorar la calidad del sistema.